Desde el 2012, la promoción del programa de desarrollo económico ha ocurrido en un contexto de grandes retos fiscales, económicos y políticos, así como desastres naturales y la quiebra del gobierno. Atraer nuevo capital, empresas e inversión en ese contexto no ha sido tarea fácil para el gobierno. En 10 años, con tan solo unos 2,660 inversionistas que se mudaron a Puerto Rico, el impacto económico en nuestra economía es impresionante:
Impacto Económico
A 10 años de las Leyes 20 y 22
Al igual que los programas de incentivos implementados en el siglo pasado, el programa 20/22 es de reciente creación y cualquier análisis objetivo debe tomar en cuenta esa realidad.
Beneficios
Demostrados:
Creación de Empleos
Las leyes 20 y 22 han creado 62,500 empleos nuevos. Al promediar el crecimiento anual promedio del empleo combinado el programa ha tenido la capacidad de generar 6,250 nuevos empleos anualmente.
Más recaudos para Puerto Rico
Los inversionistas pagan sobre $240 millones en impuestos al gobierno anualmente. Las actividades de los inversionistas bajo ambos decretos generan nuevos ingresos a Puerto Rico, incluyendo nuevos ingresos bajo el IVU. Aportaciones de los beneficiarios de ambos programas ocurren también a través de impuestos sobre ingreso de las actividades no elegibles para ambas leyes, pago de arbitrios, impuestos al gobierno central, pago del impuesto al consumo (IVU), e impuestos municipales para que el gobierno pueda proveer servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
Los últimos estimados del Departamento de Desarrollo Económico basados en estadísticas del año 2022, estiman que el pago de impuestos promedio anual de los beneficiarios de la Ley 20, asciende a $100 millones por concepto de todos los eventos contributivos ($52 millones en el 2019); y el pago de impuestos anual promedio de los beneficiarios de la Ley 22, asciende a $140 millones ($42 millones en el 2019).
Compromiso social- Impacto en Organizaciones sin fines de lucro:
Los inversionistas donan sobre $15 millones anualmente a entidades sin fines de lucro. Recientes enmiendas realizadas a la Ley 22 en el año 2017 exigen un donativo de $10,000 anualmente a entidades sin fines de lucro con el objetivo de maximizar el impacto social del programa. El 50% de estos donativos son asignados a entidades designadas por la Legislatura para combatir la pobreza en infantil en todos los distritos senatoriales y representativos de la Isla. Algunos beneficiarios realizan donativos que superan el mínimo requerido, por ende, el impacto de este concepto es mucho mayor al estipulado por Ley que se consigna en este análisis.
Herramienta efectiva ante la competencia de otras jurisdicciones:
Las leyes 20 y 22 mantienen a Puerto Rico competitivo para ganar la batalla económica contra otros países del mundo. Puerto Rico enfrenta actualmente la competencia de otras jurisdicciones para atraer capital y nueva inversión, incluso la competencia de destinos tan cercanos como Florida, Texas, República Dominicana, las Islas Caimán, Uruguay y El Salvador, que recientemente anunció un programa para atraer inversionistas.